En 2020, 72.6% de los negocios consultados por el INEGI dijo que la corrupción existe para agilizar trámites. Solo 37.9% la asoció con evitar multas. Cada negocio hizo, en promedio, 20.1 trámites, pagos o solicitudes de servicio ese año: 79.9 millones en total. El dato sugiere algo incómodo: cuando el procedimiento oficial no entrega una decisión a tiempo, otro, informal, ocupa su lugar.
En 1969, Niklas Luhmann publicó Legitimation durch Verfahren, «legitimación por procedimiento». Su tesis: el Estado no se legitima convenciendo a todos de que sus decisiones son justas. Se legitima porque sigue un procedimiento reconocible, y ese procedimiento logra que una decisión se acepte incluso por quien perdió. Para Luhmann, las instituciones producen su propia legitimidad con ese mecanismo, al margen de lo que cada persona piense. Piense en un examen de admisión. Quien reprueba lo acepta, y no porque le parezcan acertados los criterios: el temario era público, la regla valía igual para todos y nadie conocía el resultado de antemano. Ahora imagine un examen sin temario, donde cada sinodal pregunta lo que quiere y el aspirante debe presentarse en cuatro salones distintos. Quien reprueba ahí no discute la calificación; discute al jurado, y con razón.
Una oficina con trámites dispersos funciona como ese segundo examen. El ciudadano no recibe un sí o un no que pueda aceptar; recibe un recorrido. En esta lectura, el Estado es un sistema que produce decisiones obligatorias, y su legitimidad no es un sentimiento que los ciudadanos traigan puesto, sino un resultado que el propio procedimiento fabrica. La investigación posterior añadió un matiz: el procedimiento debe percibirse justo, y el trato de quien atiende pesa.
¿Qué cambia para el gobierno? La ventanilla única deja de ser una oficina y se vuelve una decisión de diseño sobre el procedimiento. En México, el SARE que promueve la CONAMER la aplica a negocios de bajo riesgo: licencia en máximo 72 horas y todos los trámites en un mismo lugar.
Pero abrir un negocio también pasa por el RFC, el Registro Público de Comercio o el IMSS, y ningún municipio controla esas puertas. La pregunta útil no es qué oficinas fusionar, sino qué debe ver el ciudadano: un punto de entrada, un responsable del expediente de principio a fin, un plazo, una regla para cuando vence sin respuesta y una negativa que llegue explicada. No cambia el organigrama. Cambia lo que el procedimiento le comunica a quien espera.
Tome las últimas diez solicitudes que su dependencia negó. ¿En cuántas el solicitante recibió por escrito el motivo, el plazo para inconformarse y el nombre de quien podía atenderlo? Si la respuesta es «en pocas», la legitimidad que su dependencia necesita no la está produciendo el procedimiento. En GEN Corp tratamos ese problema como ciencia aplicada: se puede medir antes de rediseñarlo.
Concepto científico aplicado: Teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann, en su obra sobre el sistema político (Legitimation durch Verfahren, 1969): el Estado como sistema que produce decisiones obligatorias y que fabrica su propia legitimidad mediante procedimientos, de modo que una decisión se acepta aunque no convenza a quien pierde. Matiz posterior de la sociología jurídica (Machura, 2020): el procedimiento debe percibirse justo, y el trato de quien atiende pesa.
Problema empresarial que resuelve: En un municipio, el trámite de apertura de un negocio cruza varias ventanillas con requisitos, plazos y respuestas distintas. El solicitante recibe un recorrido, no una decisión que pueda aceptar, y el atajo informal ocupa el lugar del procedimiento. El director de desarrollo económico no sabe qué unificar sin chocar con trámites federales y estatales que no controla.
Servicio GEN Corp asociado: Quick Scan Territorial™ Diagnóstico territorial en un flujo de siete días. Camino de conversión: el lector llena la guía, ve cuáles de las cinco decisiones no existen en su municipio y solicita el prediagnóstico para revisar el trámite y su entorno con datos locales.

